Las Noticias con Alberto Vega: Tribunal ordenó denuncia penal contra Secretarios

La denuncia penal contra los Secretarios, es por desacato a una suspensión emitida para garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer.

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Ordenaron denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Jorge Alcocer, secretario de Salud, Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda y a Thalía Lagunas, Oficial Mayor de Hacienda.

Denuncia es por desacato

La razón, desacato a una suspensión emitida para garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer.

El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dio la orden al Juzgado Cuarto de Distrito para llevar a cabo la denuncia.

Esto se deriva del juicio de amparo interpuesto por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (AMOHP).

Las Noticias con Alberto Vega: Tribunal ordenó denuncia penal contra Secretarios
Foto: Pixabay

Niegan responsabilidad por desabasto

La escasez de fármacos oncológicos, ha impedido la atención médica a 260 niños pacientes del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Sobre este tema, se había dado un apercibimiento desde octubre del año pasado y fue ignorado.

Las Secretarías de Salud y de Hacienda, niegan ser responsables del desabasto de medicamentos en hospitales públicos, sin embargo, desde inicios de 2020 las compras del Sector Salud estuvieron a cargo de la Oficialía Mayor de Hacienda y de ahí que se trata de fincar responsabilidad.

“A efecto de tutelar el debido cumplimiento de la suspensión concedida en el juicio de amparo en que se actúa, se hace efectivo el apercibimiento decretado el 2 y 8 de octubre de 2020, por lo que procede hacer la denuncia correspondiente en contra del Secretario de Salud, del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Oficial Mayor de dicha Secretaría, ante el Ministerio Público de la Federación”, determinó dicho tribunal.

Pena de 3 a 9 años de prisión

El delito de desacato tiene una pena de 3 a 9 años de prisión, además de una multa económica, destitución e inhabilitación, también de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo público.

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