Diálogos metropolitanos: municipios metropolitanos, el rostro de la pobreza en México

67
pobreza
pobreza
Pablo Basáñez García
Pablo Basáñez García

Por: Pablo Basáñez García/Doctor en Administración Pública. Analista de temas municipales, de ciudad y gobernanza metropolitana.

 

 

 

El pasado 15 de diciembre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó el informe sobre la medición de la pobreza municipal 2020. El informe presentado es de gran utilidad, según el CONEVAL, para el diseño de políticas públicas que atiendan el desarrollo social y la reducción de la reducción de las brechas socioeconómicas presentes en el país.

Comúnmente se considera que la pobreza y, en particular la pobreza extrema, es un fenómeno rural. Esta premisa, si bien es correcta respecto al porcentaje de población en pobreza, resaltando que 15 municipios de Oaxaca y Chiapas llegan a contabilizar el 98.5 por ciento de su población en esta situación; resulta que, en términos de número de personas en pobreza, ésta tiene rostro urbano.

Los municipios con mayor población en situación de pobreza se localizaron en zonas metropolitanas y con alta densidad de población. En 2020 la mitad de la población en situación de pobreza se concentró en 173 municipios de los cuales 117 pertenecen a alguna zona metropolitana. En 2015 esta cifra fue de 185 municipios y en 2010 de 199 municipios, señala el reporte.

Asimismo, entre 2015 y 2020, los mayores aumentos en el porcentaje de población en situación de pobreza (mayor o igual a 5 puntos porcentuales) se observaron en 339 municipios, entre los que destacan: Tulum en Quintana Roo; Atil en Sonora; Santa María Coyotepec en Oaxaca; Mazatecochco de José María Morelos en Tlaxcala; Huixquilucan en el Estado de México, y Akil en Yucatán, con aumentos superiores a 20 puntos porcentuales.

En 2020, la mitad de la población en situación de pobreza extrema se concentraba en 204 municipios. Entre estos resaltan: Acapulco de Juárez en Guerrero, León en Guanajuato, Iztapalapa en la Ciudad de México y Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco Solidaridad y Chimalhuacán, en el Estado de México.

De acuerdo con la metodología de esta medición, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene un ingreso inferior a la Línea de la Pobreza por Ingreso y presenta al menos una de las seis carencias sociales: alimentación, rezago, salud, seguridad social, servicios básicos de la vivienda, y calidad y espacios de la vivienda.

De los resultados presentados por el CONEVAL al analizar el fenómeno de la pobreza desde la perspectiva municipal, nos lleva a revisar también ¿qué puede hacer un municipio para combatir la pobreza y la pobreza extrema?

La política pública que más gusta a los gobiernos federal, estatales y municipales pareciera ser la simple transferencia de recursos económicos a la población más vulnerable de cada localidad, mediante los distintos programas sociales instrumentados para ello. De acuerdo con un análisis de la periodista Viri Rios publicado en la Revista Expansión el pasado 13 de diciembre, señala que los programas sociales del Gobierno Federal han aumentado en un 24 por ciento su cantidad de recursos en pesos, esto es, en términos de puntos del PIB, los programas sociales tienen un gasto total de 4.9 puntos del PIB.

Siendo así, como se interpreta el hecho de que, de acuerdo con el mismo CONEVAL, el número de pobres en total en México ha pasado de
51.9 millones de personas en 2018 a 55.7 millones de personas pobres en 2020, cifra que representa un aumento del 41.9 por ciento al 43.9 por ciento; es decir, 2.0 puntos porcentuales de incremento. En tanto que, en pobreza extrema el incremento es de 8.7 millones de personas en pobreza extrema en 2018 y que para 2020 la cifra aumento a 10.8 millones de personas. Un incremento de 1.5 por ciento.

Sumando los indicadores, para 2020 existen aproximadamente 7.5 millones de nuevos pobres en México, entre personas en situación de pobreza, pobreza moderada y pobreza extrema.

La lógica sería pensar que, si se incrementan los programas sociales, debería darse una significativa reducción de la pobreza, pero los datos muestran una realidad distinta. Ciertamente, el factor de la pandemia provocada por el Covid-19 puede explicar una parte de esto, parece una variable no determinante para ello.

SI bien el esquema de transferencias directas o subsidios a la población es una estrategia útil y recomendable, es insuficiente. Entregar apoyos directamente a la población se convierte en un juego perverso de clientelismo, dependencia y uso electorero.

Los municipios deben ser activos promotores del desarrollo económico y de igualdad de oportunidades para su población, más allá de solo mejorar relativamente el nivel de ingreso económico de las familias en condición de pobreza. El factor determinante debe estar en la mejora de las capacidades de quien presenta las distintas carencias determinantes de la pobreza.

Ahí los municipios tienen un papel protagónico: mejorar la calidad regulatoria para atraer inversiones; determinar la vocación económica de cada región para mejorar la calidad competitiva; incentivar inversiones productivas mediante usos de suelo acordes a las vocaciones económicas,  diversificando así la economía local; generar esquemas de apoyo a las PYIMES mediante créditos blandos o a la palabra; generar un ambiente seguro que haga atractivo el municipio y mejore la calidad de vida de la gente.

Adicional, los municipios deben implementar serios sistemas de medición de indicadores sobre las carencias de la pobreza. Lo que no se mide, no se puede corregir. Los barómetros se establecen como herramientas para evaluar la eficacia de la política pública municipal de combate a la pobreza. De ellos, el Índice de Ciudades Próspera desarrollado por ONU-Hábitat.

Con este barómetro, ONU-Hábitat contribuye en la medición de las condiciones que definen y condicionan la prosperidad urbana, permitiendo un diagnóstico más preciso del fenómeno urbano, además de dotar a las Ciudades de una herramienta homologada a nivel mundial para la comparación de los asentamientos urbanos, alineada con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana.

El próximo 1 de enero inician nuevas administraciones municipales, la labor es amplio, pero las decisiones están a la mano. Esperamos se tome la pobreza como fenómeno urbano y atendamos sus causas y no solo se continúe lucrando con su existencia.

También lee: Diálogos Metropolitanos: Ciudades competitivas y Estado de Derecho