Reformas de Alta Tensión

El diario El País, publicó una nota en la que resalta la prioridad que AMLO e da a la reforma energética

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Foto: YouTube de AMLO.

Por Said Flores Alonso

Hace unas horas, el diario El País publicó una nota con el titular “La agenda energética de López Obrador sume a México en la incertidumbre” en el que resalta la prioridad política que le da el presidente, por encima de cualquier discusión en materia económica, al avance de la reforma energética.

No puede ser de otra forma, la hoja de ruta en el sector energético es y ha sido desde siempre un asunto meramente político. El terreno del debate económico sólo puede ser fértil bajo ese contexto, incluso las grandes empresas privadas del sector destinan gastos importantes en despachos de cabildeo y medios de comunicación para posicionar su agenda política, aunque disfrazada de conceptos como “crecimiento”, “desarrollo” y “modernidad”.

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Como no se puede pecar de ingenuidad en un tema de tanta trascendencia, hay tres aspectos políticos que deben atenderse en el actual contexto:

  1. La reforma en materia eléctrica es hoy más importante que la de hidrocarburos. Este mercado representa una tendencia creciente en todo el mundo. es el principal insumo de la modernidad y, por su relación directa con el crecimiento económico nacional, es asunto de interés público y por lo tanto político.
  2. La reforma a la industria eléctrica puede estar estancada en tribunales, pero existen otros instrumentos de importancia como son las modificaciones a la regulación, normatividad secundaria y los instrumentos reglamentarios del Ejecutivo en la generación, transporte y suministro de energía eléctrica.
  3. ¿Habrá voluntad de los legisladores de la oposición de empujar reformas contrarias a las que sus partidos concretaron en el sexenio pasado? La respuesta es si en función de los incentivos que el partido predominante en el Legislativo logre impulsar con sus pares: tiene en sus manos el PEF, espacios públicos y alianzas locales.

Está pendiente cuestionar lo que tendrían que ganar partidos como el PRI y MC en las negociaciones en el Legislativo, sin embargo, se ha perdido de vista, tanto en medios nacionales como internacionales, que en el sector energético sucede un fenómeno similar al de otros sectores productivos: la transportación es el eslabón más importante de la mayoría de las cadenas productivas del sector terciario.

No importa cuánto genere la CFE o los “pequeños productores”, la Transmisión y la tarifa que se paga por ella es la manzana de la discordia. Quienes hablan de este tema, poco o nada mencionan de que en la “estricta separación legal” la CFE pierde mucha de su participación en el mercado, esta invención genera canibalismo en su interior y condiciones injustas frente a los grandes capitales de los generadores de la IP.

Los privados que están en ascuas tendrían que pensar en el dialogo sin perder de vista que esta administración tiene como principal objetivo la soberanía energética: desde una visión de Estado, no de mercado. Si no asumen esta realidad, se estarán alejando del sector al que tanto han apostado y sobre todo de la posibilidad de llegar a acuerdos que realmente beneficien, ahora sí, a la economía del país.

Por cierto…

Aunque es aventurado afirmar sobre decisiones que escapan por mucho a la poca información con la que se cuenta y que, quizá, sólo el círculo más cercano al presidente posee, hay claros indicios para pensar en que estamos observando el horizonte equivocado, y que podría estar en ciernes una reforma constitucional de mayor calado, cuyo objetivo sería la transformación de algunos órganos reguladores estratégicos (el Instituto Nacional Electoral es algo inevitable) y del Poder Judicial. Lo más laxo sería ver cambios que fuercen nuevos nombramientos, en tanto que lo más radical sería la reforma a sus atribuciones con el paquete de nuevas caras incluido.

En consecuencia, poco o nada se requeriría para transformar la agenda energética, por ejemplo, una Comisión Reguladora de Energía sin los instrumentos que fuercen a la CFE a adoptar medidas contrarias a sus planes de crecimiento, redundaría en el fortalecimiento del control del Ejecutivo sobre el sector.

En el contexto de la recentralización, los órganos reguladores son un obstáculo para la agenda nacional de un presidencialismo que busca ser nuevamente fuerte, pero que se enfrenta a la política de lo económico.

 

 

 


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